Texto: MANIFIESTO REGIO DE 1 DE OCTUBRE DE 1823

Texto: MANIFIESTO REGIO DE 1 DE OCTUBRE DE 1823:

… Bien públicos y notorios fueron a todos mis vasallos los escandalosos sucesos que precedieron, acompa­ñaron y siguieron el establecimiento de la Democrática Constitución de Cádiz en el mes de marzo de 1820; la más criminal traición, la más ver­gonzosa cobardía, el desacato más horrendo a mi Real Persona, y la vio­lencia más inevitable, fueron los ele­mentos empleados para variar esen­cialmente el Gobierno fraternal de mis reinos a un código democrático, origen fecundo de desastres y des­gracias .. Deseando proveer de re­medio las más urgentes necesida­des de mis pueblos y manifestar a todo el mundo mi verdadera volun­tad (…) he venido a decretar lo si­guiente: son nulos y de ningún valor todos los actos del Gobierno llama­do Constitucional que han dominado a mis pueblos desde el 7 de marzo hasta hoy 1 de octubre de 1823.

El reinado de Fernando VII en vídeos

La década Ominosa(1823-1833)

El 1 de octubre de 1823, cuando Fernando VII desembarcó en El Puerto de Santa María y fue recibido por el duque de Angulema, finalizó la etapa del gobierno constitucional y comenzó un nuevo ciclo de diez años de duración, durante el cual el rey impuso el pleno ejercicio de su soberanía. La historiografía la tilda de Ominosa por ser la reacción absolutista más violenta que la de 1814.

El regreso del rey a Madrid fue lento y apoteósico (tardó cerca de mes y medio). El propio Fernando VII en su itinerario, dictado a su secretario particular en 1824, describe el clima existente: “En todas las grandes poblaciones, y a distancia de un cuarto de legua, el pueblo desenganchaba las mulas del coche y se obstinaba a ponerse a tirar de él. A nuestra llegada, y sin dar lugar a que descansásemos, se nos presentaban al besamanos y felicitaban a toda la familia real por el feliz y deseado acontecimiento de nuestra libertad, todas las clases del Estado”. El entusiasmo llegó incluso a utilizar un carro que sólo se empleaba para llevar al Santísimo Sacramento, como ocurrió en Pinto.

Fernando VII solicitó la permanencia del ejército francés en España para garantizar la estabilidad del gobierno absoluto del rey y evitar cualquier intentona liberal. A Luis XVIII, rey de Francia, le interesó que se quedaran las tropas en España porque ello supuso un fortalecimiento de la situación francesa en el exterior y mejoraron las relaciones comerciales hispano-galas.

La ocupación finalizó con la evacuación en septiembre de 1828 de las tropas francesas que estaban de guarnición en Cádiz, cuando ya la monarquía absolutista se encontraba asentada y cuando el rey podía prescindir del apoyo de un ejército extranjero.

Si se tiene en cuenta que, desde 1822, España se hallaba en estado de verdadera guerra civil, con el encono que ello comporta entre adversarios, no es difícil hacerse cargo de la situación del país a finales de 1823: los realistas vencedores esperaban, cuanto menos, reparación de los perjuicios sufridos en los años de dominio liberal y castigo de los causantes; los liberales vencidos se mostraron dispuestos a recuperar el poder y adoptaron una actitud retadora y desafiante. En los pueblos, sobre todo, los bandos familiares tomaron pretexto de las actitudes políticas para encubrir venganzas personales. Un ambiente de pasión en unos y otros hacía difícil el olvido de los agravios ajenos y tendía a endurecer y ahondar las diferencias, derivando en algunos sectores de ambos bandos hacia el fanatismo.

También se decidió la disolución del Ejército y formación de otro nuevo. Las razones dadas se basaban en que, una vez restablecido el rey en sus derechos, el Ejército, que desde la Guerra de la Independencia era excesivo, resultaba innecesario, que una reducción de los efectivos supondría una economía sustancial para la hacienda y una utilidad para la agricultura. Pero el licenciamiento de los soldados originó una intranquilidad pública que un historiador de la época describe así para la capital del reino: “Estaba Madrid absolutamente plagado de ladrones, en tales términos, que en anocheciendo iba aterrado el que se veía obligado a salir de su casa, y a toda costa procuraba regresar a ella antes de las diez, hora en que se cerraban las tiendas que eran el único auxilio y esperanza de los viandantes”.

El ámbito fiscal permaneció anclado en el Antiguo Régimen. España pasaba por tiempos difíciles. Había un ambiente de intranquilidad, una profunda división entre los españoles y, sobre todo, una penuria económica manifestada, por ejemplo, en la indigencia de la población andaluza o en el permiso a los marinos de guerra para que pudiesen alimentarse mediante la pesca por el retraso en el cobro de sus haberes.

El 18 de mayo de 1829 falleció la tercera esposa de Fernando VII, María Josefa Amalia de Sajonia. El rey aún no tenía hijos y vio inmediatamente la posibilidad de tener esa descendencia. Cinco días después del funeral se lo comunicó de manera oficial al Consejo de Ministros. A partir de ese momento el porvenir del infante Carlos, sucesor legal de Fernando VII, parecía inseguro, puesto que al no permanecer el rey viudo podría cambiar su situación si tuviera hijos. El desplazamiento en la línea de sucesión causó un cierto temor entre los realistas que hasta entonces habían cifrado sus esperanzas en el infante. Para los moderados y para los liberales, el posible nuevo matrimonio del rey planteaba una nueva situación esperanzadora en la que podría ocurrir la exclusión al trono del infante Carlos. En torno a estos dos polos se aglutinaron las tendencias políticas existentes.

Luisa Carlota de Borbón, esposa del infante Francisco de Paula, propuso como candidata al matrimonio a su hermana, María Cristina. Su juventud, veintitrés años, y el descender de una familia prolífica decidieron al rey de inmediato a su favor. El 9 de diciembre de 1829 se celebró la boda en Aranjuez y dos días más tarde la nueva reina hizo su entrada en Madrid, recibiendo una estusiasta y cariñosa acogida.

Infante Carlos María Isidro de Borbón, hermano de Fernando VII y pretendiente al trono de España

María Cristina de Borbón, reina de España entre 1829 y 1833 y regente durante la minoría de su hija, la futura Isabel II.

Por otro lado, en julio de 1830 fue derrocado el rey francés Carlos X de Borbón y se instauró la monarquía constitucional en la persona de Luis Felipe I de Orleans. El no reconocimiento diplomático del nuevo régimen por parte de Fernando VII hizo que el gobierno francés alentara las actividades de los liberales emigrados españoles. Hubo banqueros y viejos revolucionarios franceses que financiaron los viajes de los emigrados hacia la frontera. El gobierno reaccionó tomando medidas políticas y militares. Políticamente, el gobierno declaraba traidores y reos de pena de muerte a los que fueran aprehendidos con las armas en la mano en cualquier puesto del territorio español o a quienes auxiliasen con armas y municiones, víveres o dinero a los rebeldes o les favoreciesen con avisos y consejos.

Finalmente, Fernando VII reconoció a Luis Felipe I de Orleans como rey de los franceses con tal que desarmase e hiciese internar en Francia a los emigrados. El monarca francés cumplió con la condición impuesta por el gobierno español y con la misma facilidad con que habían armado a los liberales expatriados los desarmaron.

El 14 de septiembre de 1832, a la enfermedad de la gota que padecía Fernando VII se le unió un fuerte catarro que llevó a los médicos de la corte a declarar que el rey se hallaba en grave peligro de muerte. Para la sucesión de Isabel II, el gobierno pensó en que la reina María Cristina se hiciera cargo del gobierno y que el infante Carlos renunciara a sus hipotéticos derechos. Lo primero se consiguió. Para lograr lo segundo se le ofreció a Carlos la corregencia, la regencia e incluso el matrimonio de su hijo con la heredera Isabel. El infante rechazó todas las posibles soluciones porque “su conciencia le impedía reconocer una ley no aceptada por sus abuelos y su religión no le consentía privar a sus jijos de sus derechos”.

Mientras tanto, la reina se informó de la situación que podría crearse en el caso de la muerte del rey. El ambiente entre los realistas de Madrid era el de guerra civil. Entre la sucesión de su hija o evitar una guerra civil, María Cristina eligió la segunda posibilidad, para lo que se preparó un decreto que debía permanecer en secreto hasta la muerte de Fernando VII, derogando la reciente Pragmática Sanción.

Como ocurre frecuentemente, el decreto que debía haberse mantenido en secreto se convirtió en un secreto a voces, de tal forma que las noticias de la derogación sirvieron de acicate a los liberales que inmediatamente empezaron a desarrollar sus actividades y mover sus resortes con vistas a mantener la Pragmática Sanción por encima de todo. Finalmente la reina María Cristina cambió de actitud. Una vez que el rey se restableció, se llevó a cabo el plan previsto por la junta liberal, cambiando a todo el gobierno por uno nuevo. Carlos perdió con este gabinete la posibilidad de acceder directamente al tono español.

El 29 de septiembre de 1833, Fernando VII murió dejando como herencia a su hija Isabel una guerra civil que ensangrentaría el territorio español y las bases para poder establecer un nuevo régimen: el liberal.

TEXTO Exposición de D.Juan Alvarez de Mendizábal a S. M. La reina Gobernadora: Señora: vender la masa de bienes que han venido a ser propiedad de la nación no es tan sólo una promesa solemne y dar una garantía positiva a la Deuda Nacional por medio de una amortización exactamente igual al producto de las rentas; es abrir una fuente abun­dantísima de felicidad publica; vivificar una riqueza muerta; desobstruir los canales de la industria y de la circulaci6n; apegar al país por el amor natural y vehementemente a todo lo propio; ensanchar la patria, crear nue­vos y firmes vínculos que liguen a ella; es, en fin, identificar con el trono excelso de Isabel II, símbolo del orden y de la libertad. No es, Señora, ni una tría especulación mercantil, ni una mera operación de crédito ( ) es un elemento de animación, de vida y de ventura para España . Es si puedo explicarme así, el complemento de su resurrec­ción política. El decreto que voy a tenerla honra de someter a la augusta aproba­ción de V M. sobre la venta de esos bienes adquiridos ya por la nación, así como en su resultado material, ha de producir el beneficio de mino­rar la fuerte suma de la Deuda Pública, es menester que en su tenden­cia, en su objeto y aun en los medios por donde aspire a aquel resultado, se enlace, se encadene, se funde en la alta Idea de crear una copiosa familia de propietarios cuyos goces y cuya existencia se apoye princi­palmente en el triunfo completo de nuestras actuales instituciones. Artículo 1.' Ouedan declarados en venta desde ahora todos los bie­nes raíces de cualquier clase que hubiesen pertenacido a las comu­nidades y corporaciones religiasas extinguidas, y los de los que hayan sido adjudicados a la nación por cualquier título o motivo, y tam­bién todos los que en adelante lo fueren desde el acto de su adjudí­cación. ArtIculo 2.' Se exceptúan de esta medida general los edificios que el gobierno desrine para el servicio público o para conservar monumen­tos de las artes o para honrar la memoria de hazañas nacionales (--) Real Decreto de 19 de febrero de 1836

TEXTO

Exposición de D.Juan Alvarez de Mendizábal a S. M. La reina Gobernadora:

Señora: vender la masa de bienes que han venido a ser propiedad de la nación no es tan sólo una promesa solemne y dar una  garantía positiva a la Deuda Nacional por medio de una amortización exactamente igual al producto de las rentas; es abrir una fuente abun­dantísima de felicidad publica; vivificar una riqueza muerta; desobstruir los canales de la industria y de la circulaci6n; apegar al país por el amor natural y vehementemente a todo lo propio; ensanchar la patria, crear nue­vos y firmes vínculos que liguen a ella; es, en fin, identificar con el trono excelso de Isabel II, símbolo del orden y de la libertad. No es, Señora, ni una tría especulación mercantil, ni una mera operación de crédito ( ) es un elemento de animación, de vida y de ventura para España . Es si puedo explicarme así, el complemento de su resurrec­ción política.

                El decreto que voy a tenerla honra de someter a la augusta aproba­ción de V M. sobre la venta de esos bienes adquiridos ya por la nación, así como en su resultado material, ha de producir el beneficio de mino­rar la fuerte suma de la Deuda Pública, es menester que en su tenden­cia, en su objeto y aun en los medios por donde aspire a aquel resultado, se enlace, se encadene, se funde en la alta Idea de crear una copiosa familia de propietarios cuyos goces y cuya existencia se apoye princi­palmente en el triunfo completo de nuestras actuales instituciones.

Artículo 1.' Ouedan declarados en venta desde ahora todos los bie­nes raíces de cualquier clase que hubiesen pertenacido a las comu­nidades y corporaciones religiasas extinguidas, y los de los que hayan sido adjudicados a la nación por cualquier título o motivo, y tam­bién todos los que en adelante lo fueren desde el acto de su adjudí­cación.

ArtIculo 2.' Se exceptúan de esta medida general los edificios que el gobierno desrine para el servicio público o para conservar monumen­tos de las artes o para honrar la memoria de hazañas nacionales (--)

                                                                                              Real Decreto de 19 de febrero de 1836

El trienio liberal(1820-1823)

EL TRIENIO LIBERAL(1820-1823)

Con la promesa de Fernando VII, el 7 de marzo de 1820, de jurar la Constitución de Cádiz y el juramento efectivo dos días más tarde, se inició el primer ensayo integral del nuevo régimen, el Trienio Liberal (1820-1823).

Fernando VII impuso una Junta Provisional cuya misión consistió en asegurar el éxito de la sublevación de signo liberal iniciada el 1 de enero en Cabezas de San Juan por parte del ejército expedicionario destinado a combatir los movimientos independentistas de las colonias americanas.

Busto del General Riego en Cabezas de San Juan

La Junta Provisional estuvo presidida por el cardenal Luis María de Borbón y, formada por diez personas de la confianza del pueblo, esto es, reconocidos liberales, aunque no los más relevantes.

El nuevo régimen político contó en la cúspide del poder con el rey, poco o nada dispuesto a colaborar en su implantación; el gobierno y la Junta Provisional estuvieron encargadas de realizar la transición. En este ejercicio de poder hubo relaciones muchas  veces difíciles entre las partes. En este juego de poder tomaron parte indirectamente, en la medida en que influyeron en las decisiones, las juntas provinciales, las sociedades patrióticas y el Ejército.

Las sociedades patrióticas eran reuniones de liberales en lugares públicos, normalmente cafés, donde según Bayo, “los ciudadanos, subidos sobre las sillas del café, imporvisaban arengas y peroraciones invariablemente encaminadas a celebrar el advenimiento de la libertad, a exaltar a los caudillos del levantamiento, y a combatir a todos cuantos no participaban de aquel épico entusiasmo”. Aunque en justicia no se les puede homologar con los clubes que aparecieron durante la Revolución Francesa, sin embargo, en la época fueron comparados con ellos por el radicalismo del que hacían gala muchos de sus miembros. Para evitar manifestaciones y algaradas como las ocurridas durante la estancia de Riego en Madrid, las sociedades patrióticas fueron suprimidas con el argumento de no ser necesarias para el ejercicio de la libertad.

Más influyentes que las sociedades patrióticas fueron las sociedades secretas entre las que destacó la masonería que, como reconoció en su tiempo el marqués de Miraflores, perdió su objetivo filantrópico para sustituirlo exclusivamente por el político.

Las Cortes prosiguieron el desarrollo de las reformas que quedaron inconclusas en la etapa gaditana, destacando la legislación socio-religiosa con la supresión de las vinculaciones, la prohibición a la iglesia de adquirir bienes inmuebles, la reducción del diezmo, la supresión de la Compañía de Jesús y la reforma de las comunidades religiosas. Esta ley suprimía “todos los monasterios de las órdenes monacales”, prohibía fundar nuevas casas religiosas y aceptar nuevos miembros, y al mismo tiempo, facilitaba cien ducados a todos aquellos religiosos o monjas que deseasen abandonar su orden o congregación, es decir, exclaustrarse. Como es lógico, los bienes de los conventos suprimidos y las rentas de los que quedaban que fuesen superiores a lo preciso “para su decente subsistencia” debían pasar a cubrir las necesidades del crédito público.

Los liberales buscaban con estas reformas aumentar los ingresos del Estado y quebrantar cualquier oposición religiosa a su política. En este segundo objetivo consiguieron el efecto contrario: el rey y sus partidarios decidieron hacer frente de modo activo al proceso revolucionario, de tal forma que el monarca, con el apoyo del nuncio, se negó en principio a sancionar la ley. Las escaramuzas entre Fernando VII y los liberales, tanto moderados como exaltados, fueron continuas, comenzando siempre con una actitud de firmeza por parte del rey y terminando con su claudicación.

Quizás la crisis más famosa ocurrió cuando en el discurso, escrito por Argüelles, de apertura de las Cortes, el 1 de marzo de 1821, Fernando VII introdujo un añadido, “la coletilla”, quejándose de la falta de autoridad del gobierno ante “los ultrajes y desacatos de todas clases cometidos a mi dignidad y decoro, contra lo que exige el orden y respeto que se me debe como rey constitucional”.

Las Cortes llevaron a cabo dos importantes reformas administrativas que tenían como denominador común la imposición de un centralismo mucho más exigente que el borbónico. La primera de ellas fue la división de España en 49 provincias y el robustecimiento de los correspondientes organismos, diputaciones y tesorerías, que debían permitir una mejor y mayor recaudación tributaria. La segunda fue la Ley de Instrucción Pública, que establecía las tres etapas de enseñanza que se hicieron clásicas, primaria, media y superior, fijaba en diez el número de universidades y cercenaba la autonomía universitaria, al establecer unos planes de estudio idénticos para todo el país.

A partir de octubre de 1821 se producen una serie de alzamientos y asonadas a lo largo de toda la geografía española por unos rebeldes exaltados que pedían una participación en los resortes del poder. Aunque los exaltados accedieron al poder en julio de 1822, no supieron resolver los problemas del país, porque el gobierno ni tuvo autoridad ni supo ejercerla. La falta de autoridad vino por la incapacidad de los ministros. Esta falta de autoridad se tradujo en un endurecimiento de la vida política, que adquirió las connotaciones propias del ambiente de una guerra civil con posturas irreconciliables y acciones extremistas como matanzas, deportaciones y destrucciones.

La contrarrevolución realista, que comenzó con pequeños alzamientos, terminó convirtiéndose en la primera guerra civil propiamente dicha de la historia contemporánea de España. Durante el Trienio, el rey no tuvo voluntad de entendimiento con las Cortes y con el gobierno. Además, en determinados momentos violó sus obligaciones, alterando las normas constitucionales, como el nombramiento de un capitán general para Madrid sin el preceptivo refrendo ministerial.

La impotencia de las fuerzas realistas para vencer al liberalismo, junto con la petición de ayuda hecha por Fernando VII, forzó la intervención militar extranejra. La invasión fue encomendada a Francia con los Cien Mil Hijos de San Luis, al mando del duque de Angulema. El gobierno liberal esperaba, al igual que en 1808, una resistencia popular que en ningún momento se produjo, y los tres ejércitos formados precipitadamente al mando de Espoz y Mina, Ballesteros y el conde de La Bisbal se rindieron o se retiraron sin apenas combatir.

Grabado que representa la liberación de Fernando VII por el duque de Angulema

En Cádiz tuvo lugar el único combate de las tropas francesas: el asalto al poco defendido fuerte del Trocadero. El 29 de septiembre las Cortes decidieron dejar libre al rey y negociar directamente con el duque de Angulema. Con ello finalizó la segunda revolución liberal española y se abrió el último periodo de existencia del Antiguo Régimen en España.

Sexenio absolutista (1814-1820)

 

Entrada de Fernando VII a España.

En otoño de 1813, Napoleón vencido en la batalla de las Naciones, reestablece en el trono de España a Fernando VII y firma un tratado de paz en Valençay el 11 de diciembre de 1813.

Todo el mundo deseaba la vuelta de Fernando VII: los realistas, para que acabara con el régimen constitucional, y los liberales, porque el reconocimiento del texto constitucional y de las reformas realizadas en las Cortes supondría su definitivo refrendo. La incertidumbre fue convirtiéndose en agitación por ambas partes.

Mientras tanto, en las Cortes se promulgaba un decreto para tener controlado al rey desde su entrada en territorio nacional hasta su llegada a Madrid, y en él se exponía con toda claridad que no se le reconocería hasta que prestara juramento a la Constitución promulgada en Cádiz.

Grabado titulado La valiente, fiel y constante España. El texto del pie dice: "Unida a la generosidad y bizarría inglesa sacan del cautiverio al inocente Monarca Fernando VII quien entra triunfante en España con su aliada... dejando reducido a cenizas todo el orgullo de Napoleón...". (Biblioteca Municipal, Madrid)

Cuando Fernando VII cruzó el río Fluviá, el 24 de marzo de 1814, el recibimiento popular fue apoteósico. Todos intentaban acercarse al rey para besarle la mano con la rodilla en tierra. La regencia envió al general Francisco Copons para entregarle al rey un pliego de la Regencia solicitando que jurase la Constitución. El rey, que se dió perfectamente cuenta del ascendiente que ejercía sobre las poblaciones, contestó vagamente a la Regencia haciendo alusión a las innumerables pruebas de fidelidad que le ofrecían sus “vasallos”, a sabiendas de que esta palabra había sido prohibida por las Cortes al considerarla denigrante.

Fernando VII modificó el itinerario marcado por la Regencia y se dirigió a Zaragoza. Se ha considerado esta modificación como un desafío a las órdenes de la Regencia.

Desde la entrada de Fernando VII hasta el decreto que expidió el 4 de mayo hay una situación política indecisa en la que el rey era el árbitro, puesto que los liberales le necesitaban para que el proceso de reformas iniciado en Cádiz permaneciera, mientras que los conservadores esperaban del monarca la destrucción de las estructuras políticas por los primeros. La mayor parte de la nobleza se había sentido herida por la supresión de los señoríos, y la mayoría de la jerarquía eclesiástica se oponía a las reformas liberales de forma manifiestamente hostil y belicosa.

Fernando VII se trasladó de Zaragoza a Valencia, pero antes de llegar se encontró en los Llanos de Puzol (Valencia) con el presidente de la Regencia, el cardenal Borbón, que había ido a su encuentro con instrucciones precisas de no ceder el poder ejecutivo que él representaba hasta que el rey no hubiese jurado la Constitución. Todas las fuentes coinciden en relatar el encuentro de ambos personajes frente a frente, a escasos pasos uno del otro, sin querer ceder ninguno de los dos. Al final cedió el Cardenal.

Al llegar a Valencia, un grupo de diputados no liberales de las Cortes ordinarias presentaron al rey un Manifiesto, llamado “de los persas”. Más del 90% del manifiesto se dedicaba exclusivamente a criticar con acritud la obra de las Cortes gaditanas. El autor principal de este manifiesto fue el abogado sevillano Bernardo Mozo de Rosales. En el manifiesto se pide la convocatoria a las Cortes a la manera antigua. El manifiesto es encuadrado como una acción más, esta vez escrita, dentro de la lucha política contra los liberales; una acción que demuestra la existencia de una oposición que no debe tacharse, de forma simplista, como reaccionaria y absolutista.

En definitiva, el rey se encontró en Valencia con que un tercio de los diputados, entre los que se incluía el presidente de las Cortes, le exigían que acabara con el proceso reformador liberal. Fernando VII firmó el decreto el 4 de mayo con toda tranquilidad recuperando la soberanía.

Política interior.

Fernando VII se convierte en un monarca legitimista cuya manifestación más clara es el gobierno personal.

De las pocas cosas positivas que se han escrito sobre el carácter de Fernando es su sencillez, simpatía y campechanía con algún rasgo de sensibilidad, como el que movió a indultar a una mujer, en julio de 1814, que atentó contra él. No era capaz, por su cobardía innata, de enfrentarse a las situaciones con todas sus consecuencias. Era listo, lo que le permitía resolver pequeños problemas, pero no inteligente, por lo que no supo comprender la grave problemática por la que atravesaba el país. Como escribió Du-Hamel, sólo pensaba en salir de las dificultades del momento, sin reflexionar que desviar una dificultad no es resolverla.

A estos rasgos de la personalidad del manarca habría que añadir la mediocridad de las personas que le podían aconsejar.

La falta de un sistema político, el carácter del rey, la mediocridad de sus consejeros y la inestabilidad ministerial, hizo que el Sexenio Absolutista, juzgado por sus resultados, fuese un auténtico fracaso que defraudó las esperanzas de la mayoría de los españoles. Desde el mismo 4 de mayo comenzó la restauración de todos los organismos del Antiguo Régimen, desmantelando una tras otra las estructuras políticas, sociales y económicas de las Cortes de Cádiz.

A lo largo del Sexenio Absolutista hay tres cuestiones que deben ser resaltadas: la represión contra afrancesados y liberales, los intentos de reforma de la Hacienda y el robustecimiento de la oposición liberal.

La situación económica que encontró Fernando VII en 1814 era deplorable: el país se hallaba destrozado, la agricultura esquilmada, la industria deshecha, las comunicaciones inservibles y las arcas de la real Hacienda vacías. A todo ello hay que unir el comienzo de la emancipación americana que trajo como consecuencia el corte casi brutal de la llegada de metal acuñable y del comercio ultramarino. El rey se negaba a conseguir dinero, ya fuera del exterior mediante un empréstito o del interior por la instauración de una contribución especial al clero y a la nobleza.

Los pronunciamientos.

Por su parte, el ejército tenía motivos específicos de queja. A raíz de la Guerra de la Independencia se integraban en él dos tipos de militares: los regulares, antiguos oficiales de cuartel, casi todos fieles al rey, y los guerrilleros, hombres cuya profesión anterior no era la castrense y que, sin embargo, se habían distinguido en la lucha. A la vuelta de Fernando VII, los primeros, no siempre, por otra parte, los más destacados en la guerra, pasaron a ocupar los puestos de mando más importantes, mientras que los segundos se vieron relegados.

No hay ningún año del sexenio en el que este descontento no se manifieste en la intervención armada del elemento militar en contra del gobierno establecido. Esta intervención recibe el nombre de pronunciamiento o golpe militar asestado contra el poder para introducir en él reformas políticas.

Espoz y Mina.

Francisco Espoz y Mina

Espoz y Mina, uno de los guerrilleros más famosos de la Guerra de la Independencia, movilizó sus fuerzas con el objeto, según él, de “apoderarme de la plaza y ciudadela de Pamplona”. Parece ser que el liberalismo de Espoz y Mina fue más consecuencia que causa, ya que el pronunciamiento estaba determinado porque el monarca no le nombró virrey de Navarra y eligió a un militar de la vieja estirpe. Cuando llegó a las puertas de Pamplona, sus guerrilleros le abandonaron al no poder mostrar las órdenes del rey para el asalto a la ciudad; tuvo que esconderse y, posteriormente, huir a Francia, donde se dedicó a conspirar.

Juan Díaz Porlier. 

El segundo pronunciamiento lo llevó a cabo un joven militar, Juan Díaz Porlier, en otoño de 1815 en La Coruña. La ideología liberal de Porlier está fuera de toda duda desde el momento en que fue confinado en el castillo de San Antón, de La Coruña, debido a una denuncia de su propio secretario, por mantener correspondencia peligrosa. Aprovechando que se le había concedido permiso, a pesar de estar confinado, para tomar baños en Arteixo, organizó el descontento de bastantes militares, desesperados por el retraso en el cobro de los haberes, y en la noche del 17 al 18 de septiembre de 1815 entró en La Coruña y logró levantar la guarnición en nombre de la “libertad” y en contra del “yugo de la feroz tiranía”.

Con el apoyo de la guarnición de Ferrol, Porlier dominó buena parte de Galicia, pero en el camino hacia Santiago, donde se habían reunido las tropas fieles al gobierno, fue traicionado por sus propios suboficiales y detenido en Ordenes. Fue condenado a muerte en Consejo de Guerra y ahorcado en La Coruña, donde supo morir con gallardía.

Vicente Richart.

En febrero de 1816 otro militar, Vicente Richart apoyado por el ex diputado Calatrava y el general Renovales, llevó a cabo la “conspiración del Triángulo”, que tenía como fin el secuestro del rey, que debería ser llevado a palacio para que jurara la Constitución. La delación de varios conspiradores dio al traste con todos los planes: a Richart se le ajustició en la horca y su cabez fue cortada para, clavada en una pica, exhibirla durante meses al público, como lección y escarmiento de revoltosos.

Luis Lacy.

General Luis Lacy

En la noche del 4 al 5 de abril de 1817 un nuevo pronunciamiento tuvo lugar en Caldetas, donde Luis Lacy se sublevó con el apoyo de Francisco Milans del Bosch en Gerona y de Quer en la propia Barcelona.

El pronunciamiento fracasó por falta de organización, Lacy fue hecho prisionero, condenado a muerte y fusilado en los fosos del castillo de Bellver, de Mallorca, porque Castaños, capitán general de Cataluña, temía que se alterase la tranquilidad pública si se verificaba la ejecución de la pena en Barcelona.

Joaquín Vidal.

En 1819 el coronel Joaquín Vidal intentó eliminar a todas las autoridades de Valencia que debían asistir a una función de teatro en la Nochevieja de 1819. El plan fracasó porque debido al fallecimiento, el 26 de diciembre, de la reina Isabel, se suspendieron todos los festejos de fin de año. Denunciados por un traidor, el propio capitán general de Valencia, Francisco Javier Elío y Olondriz, detuvo a los conspiradores, 13 de los cuales fueron ajusticiados el 22 de enero. Entre ellos se encontraba Félix Beltrán de Lis.

La caída del régimen.

El pronunciamiento de Riego consiguió, por fin, el objetivo que todos ellos perseguían: que la acción liberal alcanzase el poder para realizar una serie de cambios políticos, sociales y económicos desde una base ideológica opuesta a la del Antiguo Régimen.

Al descontento por el mal gobierno hay que añadir la mala marcha de los asuntos económicos: una deuda pública en constante aumento, un exceso de empleados civiles y militares, un país deshecho por la guerra que se rehacía lentamente y la recesión general europea.

Por otra parte, el clero era incapaz de adaptar la explotación de sus enormes riquezas a los nuevos tiempos. El campesinado se veía frenado en su progreso por el régimen señorial. Y muchos militares se hicieron masones y pasaron a formar parte de la facción que aspiraba a un cambio de sistema.

Al malestar del Ejército y del país en general hay que sumar no sólo la desilusión de los liberales de 1814, sino la de aquellos que de buena fe pensaron que el rey cumpliría con las promesas hechas en Valencia, e, incluso, el descontento de algunos realistas que, si bien no eran partidarios de una revolución, tampoco estaban conformes con la política llevada a cabo.

Quienes apoyaron al rey, confiando en las reformas prometidas el 4 de mayo, tuvieron que llegar forzosamente a la conclusión de que habían sido burlados, sobre todo con la supresión de los periódicos y de la censura.

El 1 de enero de 1820 el comandante Rafael de Riego proclamó la Constitución en Cabezas de San Juan contra los planes previstos de embarcarse hacia América para combatir el levantamiento independentista de ultramar.

La sublevación de Riego que estava perfectamente localizada y mal planificada tuvo su éxito debido a que ninguno de los altos mandos se atrevió a encabezar la inserrucción y declararse abiertamente a favor de ella, pero tampoco la atacaron e, incluso, la veían con buenos ojos. Otro de los errores del gobierno que favoreció el éxito fue el silencio guardado acerca de lo que sucedía en Andalucía. Tras el levantamiento de Riego, se sucedieron una ola de pronunciamientos en varios puntos de España: La Coruña, Ferrol, Vigo, Zaragoza, Barcelona, Pamplona y Ocaña donde se proclamó la Constitución el 4 de marzo por el conde de La Bisbal, al mando del ejército que debía formarse en La Mancha para combatir a los insurgentes. Por otro lado, la pasividad del pueblo, realista en su mayor parte, también favoreció a los liberales.

El 7 de marzo, el rey se decidió a jurar la Constitución de 1812 y a convocar Cortes con arreglo a ella.